El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado instrucciones para que España cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias y ha anunciado que acogerá en un puerto español al barco Aquarius, en el que se encuentran más de 600 personas abandonados a su suerte en el Mediterráneo.
Por esta razón, es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer «un puerto seguro» a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional.
El presidente ha señalado que el destino de este barco será el puerto de Valencia, previa coordinación con la Generalitat valenciana.
El ministro de Exteriores español, Josep Borrel, no ha sabido estimar cúando llegarán a Valencia, si bien sí ha asegurado que «está todo preparado para acogerles».
También el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha ofrecido al Gobierno «acoger el 10% de los migrantes» en el País Vasco, oferta a la que se han unido Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña o la Junta de Extremadura.
Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ha declarado que la decisión del Gobierno de España «demuestra liderazgo moral y legal» del país, «algo que escasea estos en el día en el mundo», según ha declarado su portavoz, Leonard Doyle, a Efe. También las ONG han agradecido al Gobierno su decisión, entre ellas UNICEF y ACNUR. Desde el PP, la única reacción por el momento ha venido de parte de su líder catalán, Xavier García Albiol, que ha advertido de que «España no se puede convertir en una gran ONG en la que todo el mundo pueda venir a nuestro país».
Ante la petición, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que coordine a los Ayuntamientos que solicitan acoger a los refugiados a bordo del barco para repartir la ayuda.
Tras la polémica desatada por la negativa italiana, el Parlamento Europeo ha aprobado por 212 votos a favor y 62 en contra debatir el miércoles la gestión de las emergencias humanitarias en el Mediterráneo. Por otro lado, la sesión de julio de la Eurocámara debatirá una resolución con propuestas de nuevas directrices sobre la criminalización de actos humanitarios a raíz del caso de los bomberos sevillanos de la ONG Proem-Aid juzgados en Grecia por presunta tentativa de tráfico de personas.